Organizaciones instan a la ciudadanía a activarse en defensa de sus derechos

Derechos
Las abogadas Jessica Vivas y Judith Sukerman durante el conversatorio Los Poderes en la Mira.

Las abogadas Jessica Vivas, de Transparencia Venezuela y Judith Sukerman, en representación de TREN Venezuela, exhortaron a la ciudadanía a incorporarse activamente en la defensa de sus derechos para hacer frente a los abusos que sistemáticamente viene cometiendo el Poder Judicial.

En el conversatorio Los Poderes en la Mira, realizado este lunes en el Centro Cultural Eladio Alemán Sucre de El Carabobeño, las ponentes explicaron que las recientes sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no son las únicas que amenazan la institucionalidad del país, sino que son más de 100 decisiones las que violan derechos del pueblo venezolano.

Las juristas expusieron a la audiencia las irregularidades cometidas en el procedimiento de designación de los jueces del TSJ, la parcialidad de los magistrados, las sentencias que han debilitado los Poderes Públicos, en especial a la AN, y las decisiones que han violado derechos a la libertad de expresión, al acceso a la información y control de la gestión pública.

Todos estos datos están recopilados en el Memorial de Agravios que publicó la Red Justicia, alianza conformada por las organizaciones de la sociedad civil Acceso a la Justicia, Invesp, Espacio Público, Ipys Venezuela, Cepaz, Provea, Sinergia, Fedeve y Transparencia Venezuela, donde se analizan un centenar de decisiones del Poder Judicial que han desconocido derechos fundamentales de los venezolanos por ajustarse a los designios del Ejecutivo.

Durante su intervención, Sukerman recordó que van más de 10 textos normativos relacionados con la salud, la vivienda y la seguridad social de los venezolanos, que han sido bloqueados por un Poder Judicial parcializado a favor del Gobierno, en el cual solo tres de sus magistrados cumplen con los requisitos de ley.

“Un país donde todos los elementos básicos de una democracia están siendo conculcados día a día y cada vez con mayor desparpajo, nos obliga a entender que el futuro está en nuestras manos. El poder ciudadano es como cualquier músculo, si no lo utilizamos se atrofia, tenemos que ejercer la ciudadanía y tenemos la obligación de sacar a este país hacia adelante”.

Por otra parte, Vivas enfatizó que el TSJ no solo ha limitado las funciones del Parlamento, sino que también ha afectado a los particulares con restricciones al derecho de acceso a la información pública y de participación ciudadana consagrado en la Constitución.

¨El 15 de diciembre de 2016, 11 de 15 recursos de Transparencia Venezuela fueron inadmitidos ese mismo día, cinco de ellos relacionados con los casos Odebrecht¨, puntualizó.

Advirtió que no es de extrañar que se repitan estas actuaciones de la alta corte, cuando sus integrantes fueron elegidos irregularmente, sin mencionar, que la mayoría de los magistrados tienen afinidad política con el Ejecutivo.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía, en especial a los jóvenes, a ejercer la contraloría social y exigir información pública para evitar la discrecionalidad de los entes del Estado.

Poder Moral debe destituir magistrados

Las juristas exigieron al Poder Moral (Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo) a iniciar el procedimiento de destitución de los magistrados del TSJ que elaboraron las polémicas sentencias de la semana pasada, por considerar que no existe vía judicial para anular esta ¨aberración legal¨.

¨En lo particular yo creo que no hay ninguna forma de enmendar eso, por lo menos por vía judicial, porque es una aberración legal (…) Aquí lo que hay que hacer es iniciar un proceso de destitución de los jueces, y que sea el Consejo Moral Republicano, quien se encargue de tomar los correctivos, porque ninguna sentencia posterior puede enmendar un hecho tan grave´´, recalcó Jessica Vivas, coordinadora de Proyecto de Transparencia Venezuela.

Mientras, Judith Sukerman recordó que para destituir a los jueces de la alta corte, no solo basta el voto favorable de la Asamblea Nacional, sino que previamente debe haber un pronunciamiento del Poder Moral, tal como lo establece la Constitución.

Las especialistas en leyes enfatizaron que de iniciar un proceso de destitución contra los magistrados de la Sala Constitucional, éste tardaría, aproximadamente, tres meses, porque se les debe respetar su derecho a la defensa.

La representante de TREN Venezuela, también recordó las recientes violaciones a derechos políticos ocurridas en Carabobo, como el arresto del profesor Santiago Guevara, quien tiene abierto un proceso por la justicia militar, la detención arbitraria del diputado a la AN, Gilber Caro, y la presunta inhabilitación contra el ex alcalde de San Diego, Enzo Scarano.

En la disertación con las ponentes, un grupo de jóvenes pertenecientes a la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela (Fedeve), aprovechó la oportunidad para rechazar, mediante un documento, las recientes acciones del Poder Judicial, en especial las que lesionan las competencias del Legislativo.

El próximo reto de la Red de Justicia es unir esfuerzos para continuar los trabajos de investigación relacionados con la falta de independencia de los poderes públicos y su impacto en la sociedad; y, sobre la base de ese diagnóstico, promover la reforma del actual sistema de justicia y recuperar la institucionalidad del país y la confianza de los venezolanos.

Nota de Prensa.

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